Hablar de violencia de género ya es, por sí mismo, abordar una problemática compleja. Sin embargo, cuando se trata de mujeres con discapacidad o mujeres mayores, la situación adquiere una dimensión aún más preocupante. Esa es una realidad difícil de detectar y aún más complicada de denunciar.
¿Dónde?¿Quién?
La intimidad es un elemento esencial para el desarrollo personal. Nos permite ser nosotros mismos, tomar decisiones y construir nuestra identidad. Pero, paradójicamente, también es en ese espacio íntimo donde con mayor frecuencia se producen situaciones de violencia.
En el caso de mujeres con discapacidad, los episodios de maltrato —ya sean físicos, psicológicos o simbólicos— suelen darse en el ámbito familiar, en la pareja o incluso en residencias. Esta cercanía con el agresor dificulta enormemente la identificación del problema y su posterior denuncia.
La confidencialidad y el entorno privado pueden convertirse, así, en un obstáculo: lo que debería proteger a la persona termina ocultando situaciones de abuso.
Cuando el cuidador se convierte en agresor… doble sufrimiento, doble invisibilidad
Uno de los factores más determinantes en estos casos es la dependencia. Muchas mujeres con discapacidad dependen de otras personas para aspectos básicos de su vida diaria, incluso para comer o desplazarse. Cuando el agresor es, además, el cuidador, la situación se vuelve especialmente crítica.
El miedo a perder esa ayuda, junto con la dependencia emocional o económica, hace que denunciar sea extremadamente difícil. A esto se suman otros factores como la baja autoestima, la falta de información sobre derechos y recursos, y los obstáculos para acceder a servicios de apoyo.
Las mujeres con discapacidad que sufren violencia enfrentan un doble sufrimiento: por un lado, el maltrato; por otro, la situación de vulnerabilidad que dificulta su salida.
¿Y por qué no denuncian? Barreras que perpetúan el silencio y la violencia.
Falta de información sobre sus derechos y los recursos disponibles.
Dificultades de comunicación, especialmente en personas con discapacidad sensorial o intelectual.
Recursos no accesibles (comisarías sin intérpretes, centros sin adaptación física, información no comprensible).
Baja autoestima y normalización del abuso.
Miedo a denunciar por la relación con el agresor.
Vulnerabilidad estructural
Diversos estudios muestran que las mujeres con discapacidad presentan mayores niveles de vulnerabilidad social: menor acceso a la educación, menor participación laboral, mayor aislamiento social y dependencia económica, entre otros factores.
A esto se suman estereotipos profundamente arraigados:
La idea de superioridad masculina sobre la mujer.
La percepción de que las personas con discapacidad son “diferentes” o menos capaces.
La combinación de ambos estigmas incrementa significativamente el riesgo de sufrir violencia y de ver vulnerados sus derechos.
El papel de los profesionales
Los profesionales que trabajan con colectivos vulnerables tienen un papel clave. No basta con detectar posibles casos de violencia; es necesario investigar, formarse y desarrollar estrategias innovadoras que respondan a las necesidades reales de estas mujeres.
La intervención debe ser creativa, sensible y adaptada a cada situación, teniendo en cuenta las particularidades de la discapacidad y la edad.
Marco legal y protección
La legislación ha supuesto un avance importante en la lucha contra la violencia de género. Reconoce derechos para todas las mujeres, independientemente de su situación personal, y establece la necesidad de garantizar el acceso a la información y a los recursos en condiciones de igualdad. Sin embargo, en la práctica, aún existen muchas limitaciones. La falta de accesibilidad y de adaptación de los servicios puede provocar lo que se conoce como segunda victimización, donde el propio sistema genera más sufrimiento al no responder adecuadamente a las necesidades de la víctima.
Nos encontramos ante una problemática que exige una respuesta urgente y comprometida. No basta con reconocer la existencia de la violencia de género; es necesario atender a sus múltiples formas y contextos.
La integración plena de las mujeres con discapacidad en la sociedad pasa por eliminar barreras físicas, comunicativas y legales. Pero también por cambiar mentalidades, romper estereotipos y garantizar que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
Visibilizar, informar y actuar:
VISIBILIZAR PARA TRANSFORMAR
Bibliografía.
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De la Oliva D, Tobón S, Pérez A, Romero J. El Proceso de Inclusión Social desde la Socioformación: Análisis de Concepciones sobre Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales. Rev Paradig. 2015 [consultado 9 enero de 2020]; 36(2):49-73.
Natalia Alcalde
PSICÓLOGA y MÁSTER EN INTERVENCIÓN INFANTOJUVENIL
Siempre he sentido especial devoción por comprender la conducta humana, a día de hoy puedo decir que he cumplido un sueño especializándome en aquello que siempre me había generado tanto interés y curiosidad. Estudié la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y al acabarla sentí la necesidad de conocer y profundizar mucho más. Por ello, decidí continuar mi formación centrándome en la población infantojuvenil estudiando el Máster universitario en Técnicas y estrategias de intervención psicológica en población infantojuvenil en la UOC. Seguidamente, inicié un nuevo máster, el Máster universitario en Psicología General Sanitaria.
Dicho esto, considero imprescindible seguir formándome tanto a nivel profesional como personal para poder desarrollarme en ambos sentidos y, de esta manera, ofrecer un trato profesional de calidad en el que prime la salud mental. Así, he continuado mi formación profesional centrándome también en otros ámbitos como la violencia de género y promoción de la igualdad de género sabiendo que este es el punto de partida para seguir profundizando en esta rama de la intervención psicológica.